lunes, 5 de noviembre de 2012


Uno de cada cinco jóvenes deja la Educación Secundaria porque no le gusta

Según la publicación del nuevo cuaderno de la publicación Capital Humano, elaborado por la Fundación Bancaja y el Ivie, desde que comenzó la crisis los jóvenes otorgan una mayor importancia a la formación y la interrupción de estudios se ha reducido.
El análisis del total de jóvenes que interrumpen sus estudios muestra que este fenómeno se concentra en la primera etapa de la formación.Siete de cada diez jóvenes que dejan de estudiar lo hacen antes de concluir la secundaria obligatoria, un 20% interrumpen su formación estando en Bachillerato, y el 3,8% se encuentran en la Universidad.
Los datos también muestran que el cese de la formación es menor cuanto mayor es el nivel de estudios. Así, entre los jóvenes que estudian educación obligatoria, el 17% no llegan a finalizar esos estudios, frente al 3% de los jóvenes que abandonan la formación mientras están en la Universidad.
Respecto a los motivos por los que interrumpen sus estudios, destacan los relacionados con el mercado laboral (haber encontrado empleo o considerar que la formación no ayudaba a encontrarlo). Llama la atención el hecho de que uno de cada cinco jóvenes que no completa los estudios obligatorios los deja porque no le gustan.

Estudios y marcado laboral

La situación laboral de los jóvenes está condicionada por el estado de los estudios y el nivel alcanzado. El porcentaje de jóvenes ocupados es más del doble cuando han concluido sus estudios, lo que muestra que la decisión de finalizar la formación está estrechamente relacionada con la inserción laboral.
Además, a mayor nivel educativo más empleo. Entre los jóvenes que han completado su formación, el 72% de los que han cursado estudios universitarios están ocupados, mientras que este porcentaje se reduce al 52% en el caso de los jóvenes con estudios hasta obligatorios.





El ministerio de Educación amplía un mes el plazo de debate sobre la Lomce

El ministro Wert justifica el nuevo plazo como un tiempo para que las comunidades puedan presentar más propuestas, a la vez que reconoce que para lograr un mayor consenso. Las consejeras de Educación catalana y vasca piden la retirada de la ley por centralista.

El Ministerio de Educación convocará una nueva conferencia sectorial con las comunidades autónomas a primeros de diciembre para aprobar el informe definitivo sobre el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a fin de que estas puedan "presentar más aportaciones y lograr un mayor consenso". Así lo anunció en la tarde de ayer el ministro José Ignacio Wert tras la reunión con los consejeros de Educación de las distintas comunidades.
De hecho, durante noviembre habrá dos nuevas conferencias generales (reuniones con los directores generales y cargos técnicos) para tratar "estos detalles" y a principios de diciembre se celebrará la segunda Conferencia Sectorial de Educación, con "las propuestas de las autonomías". Según Wert, esta decisión ha contado con "el respaldo unánime” de todos los consejeros y responde a la voluntad de diálogo ante "la gran cantidad de aportaciones realizadas".
La mayor parte de dichas propuestas versaron sobre la necesidad de incorporar la formación y carrera profesional del profesorado al articulado de la Lomce y, aunque estos temas se recogerán en el futuro Estatuto del Personal Docente no universitario, Wert se mostró dispuesto a “estudiar la posibilidad de incluir ciertos aspectos” sobre su selección y promoción interna en la futura ley.
También dijo comprender el interés de los consejeros sobre "las consecuencias académicas de las evaluaciones para los alumnos en cada etapa educativa”, sus repercusiones en los centros y la forma de aplicar los exámenes, ya que reconoció que las autonomías “tienen más experiencia práctica en la gestión”.
En su opinión, ese plazo extra no influirá en el calendario previsto para la aprobación definitiva de la Lomce prevista para finales de año.
Tensiones con algunas comunidades
Las consejeras de Educación de País Vasco y Cataluña, Isabel Celá e Irene Rigau, respectivamente, pidieron “la retirada” del anteproyecto de ley, ya que, a su juicio, supone “una invasión de competencias” por parte del Estado y es contrario al Estatuto de Gernika y a la doctrina del Tribunal Constitucional. Según Celá, “es una ley centralista y vulnera nuestras competencias en un doble sentido”, pues amplía en un 10% más la capacidad de decisión del Ministerio sobre los temarios, y en las pruebas de evaluación externa concede al Estado todas las capacidades, tanto en la fijación de contenidos como en el establecimiento de criterios de evaluación. Entiende que el anteproyecto “retrotrae a medidas que estaban ya en el desván”,
Por su parte, Wert señaló que no piensa “renunciar a los objetivos básicos” de la ley, aunque se mostró dispuesto a debatir “sobre la mejor forma de llegar a ellos”. Con todo, insistió en que la norma no “invade competencias ni tiene un espíritu recentralizador, puesto que no devuelve al Estado ninguna que antes tuvieran” los gobiernos regionales. “Sí tiene un afán clarificador, para delimitar bien qué aspectos son competencia del Estado, cuáles de las autonomías y cuáles de los centros”, subrayó





Catedráticos e inspectores cuestionan las nuevas evaluaciones del alumnado

Organizaciones de catedráticos de instituto y de inspectores de educación cuestionan la utilidad de las nuevas evaluaciones comunes del alumnado de la enseñanza obligatoria previstas en la reforma educativa presentada por el Gobierno, que algunos sectores consideran como "reválidas".
"Sin facilitar la continuidad hacia la educación postobligatoria difícilmente se va a reducir el abandono escolar temprano, tan alto enEspaña", advierte la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) en un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Esta asociación, que agrupa a cerca de 1.300 catedráticos, se refiere así a la prueba que deberán pasar todos los alumnos al terminar la educación básica para obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
"No tiene sentido poner una traba al término del cuarto de ESO que dificulte la continuidad. Bastaría la evaluación al término del ciclo inicial de ESO (tercer curso) con efectos académicos y orientadores" hacia la FP o el Bachillerato, según propone.
Tampoco ve con buenos ojos que los alumnos de FP Básica necesiten pasar una prueba específica para poder continuar en la de grado medio, como otro de los "obstáculos" para reducir el abandono escolar prematuro.
Ancaba llama la atención sobre el número "elevado" de evaluaciones (cinco) y lo "costoso" de éstas, y lamenta que algunas carezcan de relevancia:
"La de sexto de primaria, al no tener efectos académicos, ¿de qué sirve?", se pregunta a modo de ejemplo.
Por el contrario, los catedráticos ven positiva la prueba final para obtener el título de bachiller, aunque sería un "error", matizan, que los alumnos tuvieran que someterse a una evaluación adicional de las propias universidades para acceder a los estudios superiores.
Ancaba denuncia una "falta de coherencia" en cuarto de ESO al permitir la posibilidad "absurda" de que un alumno pueda elegir simultáneamente tanto asignaturas de ciencias como de humanidades, sin tener en cuenta hacia qué modalidad de Bachillerato se dirige.
También pide que Economía no sea optativa, sino obligatoria en el Bachillerato de Ciencias Sociales.
No obstante, valora la desaparición de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo y el cambio de Filosofía y Ciudadanía por Filosofía en el Bachillerato.
En el caso de los inspectores educativos, las principales asociaciones discrepan entre sí sobre la oportunidad de que los alumnos deban pasar una especie de "reválida" para conseguir los títulos académicos.
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide), que reúne al 75 % de estos profesionales, se opone a condicionarlos a una prueba general externa porque puede suponer "un freno" de la continuidad en los estudios y "amenaza" el objetivo de reducción de abandono escolar al 15 % en 2020.
Por el contrario, la presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), Ana Isabel Echevarría, afirma a Efe que ese tipo de evaluaciones igualará a España al resto de países europeos donde ya existe esos exámenes.
"Lo importante es que en el camino se quede el menor número de alumnos", según Echevarría, quien opina que no cree que las llamadas "reválidas" vayan a aumentar el fracaso escolar a edad temprana.
Pero según Adide, esas pruebas no tendrían incidencia en la mejora general del nivel de competencias del alumnado, sino que es "más adecuado" el sistema actual de evaluación continua y global durante Primaria y continua y diferenciada por materias en ESO y Bachillerato.
En cualquier caso, esta asociación sugiere que los inspectores podrían colaborar con las administraciones educativas en el diseño y la realización de las evaluaciones y asesorar a las direcciones y equipos docentes de los centros en la interpretación de los resultados y en los planes de mejora.
Adide también está preocupada por la difusión pública de los resultados de las evaluaciones externas porque el contexto socioeconómico de los centros es desigual, pero ANIE cree que estos "ránking" también se equiparan con Europa, aunque en las listas se deben de hacer públicos los datos sobre los centros y procedencia de los alumnos.
Echevarría pide, además, que se unifiquen los criterios de evaluación de los centros porque a veces "los grados de exigencia son dispares"





Expertos de toda España inician en Sevilla un proceso para ofrecer propuestas que den "estabilidad" al sistema educativo

Expertos en materia educativa de toda España, entre profesores universitarios, profesionales de la enseñanza y medios de comunicación, además de otros particulares, han iniciado este fin de semana en Sevilla un proceso para diseñar y difundir una serie de propuestas con las que imprimir "estabilidad" al sistema educativo español y dar a conocer sus "necesidades".
   Para ello, este grupo de expertos, impulsado por los profesores Carmen Rodríguez y José Jiménez Sacristán, de las universidades de Málaga y Valencia, respectivamente, han celebrado entre este viernes y este sábado en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla un foro del que ha salido un manifiesto que pretende resumir sus planteamientos iniciales.
   Así lo ha explicado a Europa Press la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga Carmen Rodríguez, quien ha avanzado que el contenido de dicho manifiesto se verá ampliado en un próximo documento que esperan tener redactado "a finales de este mes de noviembre".
   Mientras tanto, los firmantes de este manifiesto van a desarrollar una "estrategia" para difundir el contenido del mismo entre partidos políticos y sindicatos, así como entre otras organizaciones y la propia comunidad educativa, a la que invitan a "participar" en la elaboración de las referidas propuestas.
   Esta iniciativa llega después de que el Gobierno haya dado a conocer el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), que, en opinión de estos expertos, no sólo "no va a mejorar" el sistema, sino que "suprime personal, rebaja becas, presiona al alumnado reduciendo las posibilidades de diferenciar las enseñanzas sin clasificar a los alumnos durante la etapa de la obligatoriedad, o reclamando la protección del derecho de los padres a decidir la educación segregada por sexos".
   Frente a esta "orientación restrictiva", este grupo de expertos pretende construir una "alternativa con argumentos contrastados", ya que entienden que la situación es "grave, compleja y confusa", como lo demostraría el nivel de fracaso escolar alcanzado, que, en opinión de este colectivo, no es achacable a un único partido, ya que es "endémico" y "se ha producido bajo gobiernos de diferente color", si bien "se ha convertido en un fenómeno llamativo al universalizarse la educación".
   De esta manera, los expertos niegan que un sistema educativo "sea más eficaz ni más justo cuando se segrega al alumnado dentro de la etapa obligatoria haciendo que se tenga que ir a itinerarios que no son equivalentes", y que la Formación Profesional "mejore planteándose desde su comienzo como un lugar de acogida para quienes no siguen la línea académica".
   Por último, este colectivo lamenta "profundamente" que la legislación española en materia educativa "cambie cada vez que cambia el color de los gobiernos", una "peculiaridad" que "imposibilita la continuidad de las políticas y denota el desacuerdo acerca de dónde se parte".






La educación preocupa más que la sanidad a los baleares

El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) constata que a los baleares les preocupa más la educación (27,48) que la sanidad (25,33), siendo la única comunidad en donde se produce dicha situación. Así se desprende del Barómetro Sanitario 2011 del MSS en donde se refleja la gran preocupación de la ciudadania de estas islas por la educación.
 Según datos del IPFB, se demuestra la delicada situación del sistema educativo balear. “Podemos asegurar, con los expertos, que el hecho de poder tener una educación de calidad es, todavía hoy, un objetivo pendiente de conseguir. Consideramos desde IPFB que aún es posible reaccionar. Pero, en la sociedad civil hemos de saber lo que hay en juego cuando el único valor que parece incuestionable es el bienestar. O también cuando se trabaja intensamente para superar evaluaciones, pero que apuntan más al prestigo de los centros educativos, que a los intereses vitales de los alumnos o a las graves necesidades de la sociedad actual”.
 Para esta asociación hay “imposiciones ideológicas que nunca mejoraron de verdad el nivel educativo de un país. Evitemos perder fuerzas con materias añadidas, no consensuadas, que dispersan la atención y hacen perder energías y tiempo. ¿Qué preferimos, principios y valores o unas cuantas estrategias de acción acomodadas a las circunstancias? Si precisamente, la excelencia de nuestros jóvenes se puede medir por la magnanimidad y determinación hacia los grandes ideales; no por un temeroso cumplimiento de lo políticamente correcto”.

Calatayud dice que "España es el país más bruto de Europa"

El juez de menores de Granada critica a los políticos por las leyes de educación perecederas
El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, cree que España es el país "más bruto", de Europa y que unos políticos "que no son capaces de hacer leyes de educación que duren una generación, no merecen la pena". Calatayud pronunció ayer estas palabras en una conferencia en la Universidad San Pablo CEU. Para finalizar, el juez concluyó con un "¡así nos va!", refiriéndose a cómo cada Gobierno que llega al poder elabora una nueva legislación de educación.
Asimismo, el juez especificó que esta circunstancia no se debe a la crisis, sino que "se trata de un problema de antes", ya que uno de los mayores errores de la transición fue según su opinión transferir los cuatro pilares: defensa, educación, sanidad y justicia a las comunidades autónomas: "Deberían de haber sido intransferibles, pero como está la teoría del café para todos, pues así nos va, y estamos pagando las consecuencias", opinó Calatayud. A su vez, el juez consideró que la responsabilidad principal en la educación la tienen los padres y luego el colegio, que es un complemento. Calatayud ahondó además en la idea de que "se ha perdido el concepto de la autoridad paterna", y que en ocasiones en España se llega a confundir "un cachete (propinado al menor) con un maltrato"






Resumen "Datos y Cifras. Curso escolar 2012-2013"

  1. Este curso 2012/2013 hay en las aulas españolas, matriculados en enseñanzas de Régimen General no universitarias, 8.050.654 alumnos. Esto supone un incremento del 1.7% respecto al curso pasado o, lo que es lo mismo, 136.441 alumnos más.
  2. Es destacable, el crecimiento porcentual tan marcado que experimentan las enseñanzas a distancia de Bachillerato (9.2%) y de Formación Profesional (15.7%). Una buena noticia si tenemos en cuenta que, tal y como confirman los datos del informe Education at a Glance 2012 de la OCDE, existe una relación directa y positiva entre educación y empleabilidad.
  3. En el curso 2011-2012 el total de profesorado de la enseñanza pública, concertada y privada se cifró en 682.721 profesionales:
  1. 493.818 en la enseñanza pública (243.815 maestros y 178.000 profesores de Secundaria);
  2. 188.903 en la enseñanza privada
  1. Hubo una reducción en el número de profesores en los centros públicos (hubo 2.982 profesores menos, - 0.6%) que se explica por el incremento de horas lectivas que aplicaron algunas Comunidades Autónomas y el frenazo en la llegada de alumnos inmigrantes (lo que exige menos desdobles y medidas compensatorias).
  2. Aún así, el curso pasado la ratio alumnos profesor en los centros con enseñanzas de régimen general no universitaria en Secundaria fue de 10.1. Esto es, una ratio inferior a la de Reino Unido (17.1), Francia (15), Alemania (14.9) o Suecia (11.4).
  3. El volumen de gasto que las Administraciones Públicas y las Universidades destinarán a la educación en el año 2012 asciende a 51.055,9 M€.
  4. Los ajustes presupuestarios hacen que el gasto estimado en educación para el año 2012 suponga, respecto al año 2011, una variación del -1,9%. Por otra parte, el peso relativo respecto al P.I.B. es del 4,81%, tan sólo marginalmente por debajo del 4,89 de 2011.
  5. En el curso 2012/2013 se ha hecho un importante esfuerzo por mantener la cuantía de las becas y ayudas generales, tanto las universitarias como las no universitarias. Las cuantías destinadas a ambas es exactamente la misma que en 2011, lo que implica que se consolida el incremento presupuestario que éstas sufrieron en relación al año 2010

Educación: mal diagnóstico, malas políticas

Para que la democracia funcione bien es necesario que el debate público esté bien informado. Por desgracia, en el ámbito educativo ha cuajado una opinión pública (o por lo menos publicada) totalmente errónea. Parte de los errores que está cometiendo el Partido Popular tienen que ver con hacer suyo ese “sentido común”. El diagnóstico equivocado viene a decir que tenemos una alta tasa de abandono escolar debido a nuestros mediocres resultados en PISA. De ello se desprende que si mejoramos en PISA, bajará el abandono escolar. Por ello Wert se propone limitar el currículum de la enseñanza obligatoria a lo que se evalúa en PISA y otras pruebas internacionales (lectura, matemáticas, ciencias e inglés), dejando de lado otras áreas de conocimiento, como ciencias sociales, arte o incluso humanidades, el gran caballo de batalla cuando Esperanza Aguirre era Ministra de Educación.
Pero el diagnóstico está equivocado. Uno de los errores más frecuente al interpretar los datos de rendimiento educativo de los jóvenes de distintos países  es presentarlos como si fuese una clasificación deportiva. Así se consiguen titulares de prensa llamativos y se hace creer que la educación es comparable a un deporte. Es cierto que en algunos rasgos se parecen, como la relación entre rendimiento, esfuerzo y dedicación, pero no en otros muchos. Por ejemplo, la educación, a diferencia del deporte, no es un juego de “suma cero”, lo que una persona sabe no se lo quita a otra, como sucede al ganar una competición. Y en educación la motivación más fuerte, la que da resultados a más largo plazo y está más asociada con la creatividad, no es ganar, sino el gusto por la propia actividad del aprendizaje.
Pero comparar las medias entre países implica otra serie de errores. El principal es que se insiste mucho en la posición ordinal de cada país (¡España a la cola!), pero no se tiene en cuenta que las distancias entre esas posiciones son muy próximas. Si convirtiésemos las puntuaciones de PISA en estatura, y la media de la OCDE fuese 1,80 metros, España tendría una altura de 12 milímetros menos: ¿titularíamos “los españoles, los pigmeos de la OCDE con 1,788 metros?”. Pero más importante que las diferencias medias, es el conjunto de los datos. Cuando observamos la distribución de rendimiento resulta que uno de cada cinco jóvenes españoles no lo hace bien, pero es una proporción similar a la media de la OCDE, o de países con los que nos comparamos, como Alemania, Francia o Reino Unido. Por tanto, los que nos diferencia de estos países no es que tengamos mayor proporción de alumnado de bajo rendimiento. Lo que nos diferencia es que prohibimos que la gente estudie. Como lo leen. En estos países cualquier persona puede cursar algún tipo de formación post-obligatoria, mientras que en España, la LOGSE prohibió cursar estudios post-obligatorios a quien no tuviese el título de ESO. Además, casi no se dice que el nivel para cursar educación post-obligatoria es alto, pues los jóvenes que a los 15 años están en 4º de ESO son de un rendimiento superior a la media de la OCDE, y la proporción de repetidores de curso que hay en España es de las más altas de este grupo de países.
Al PSOE le costó mucho esfuerzo reconocer el error de poner trabas a la educación post-obligatoria, y lo corrigió de tapadillo con la Ley de Economía Sostenible, flexibilizando el paso de la ESO a la educación post-obligatoria con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Por ello es irónico y sorprendente que el PP, tras dos décadas de criticar la LOGSE, recupere de ella lo que posiblemente fue su mayor error: la Garantía Social, un título que no permitía cursar estudios post-obligatorios.
Otro gran error del PP es creer que se puede luchar contra el abandono escolar poniendo más trabas a los estudiantes, con las reválidas, volviendo en esta ocasión no a la LOGSE, sino a leyes previas a las reformas educativas de la misma dictadura franquista. Si un joven está dudando en seguir estudiando, pues la educación post-obligatoria es voluntaria, no entiendo por qué al ponerle más trabas le incentivamos a mejorar su formación, más bien lo contrario. Eso sí, cuantos más filtros pongamos, más mejoraremos el nivel educativo de los que prosiguen sus estudios, pero a costa de dejar sin posibilidad de formación de ningún tipo a muchos jóvenes. Esto es buscar la excelencia mediante la exclusión, mientras que PISA nos ha enseñado que los países que consiguen mejores resultados son aquellos con menos desigualdad educativa, como Finlandia o Corea del Sur.


LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN SON LAS BASES PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES POR LAS QUE ATRAVIESA LA UE

Atención a la diferencia: desigualdades educativas entre las regiones de la UE”  es el título del primer informe de este tipo que elabora la Comisión Europea, en el que se subrayan las diferencias existentes en cuanto a oportunidades de educación y resultados educativos entre los Estados miembros y dentro de los mismos. En el informe se pide mayor esfuerzo a los países de la UE para reducir estas desigualdades.

LA COMISIÓN EUROPEA QUIERE PRESTAR UNA AYUDA VALIOSA PARA PALIAR ESAS DESIGUALDADES

Como señala la comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud,  Androulla Vassiliou, “Todos los ciudadanos europeos deben beneficiarse de una educación y una formación de calidad, independientemente del lugar en el que vivan. Ha llegado el momento de cumplir los compromisos que hemos asumido”. Añade que combatir las desigualdades geográficas en la educación es una condición previa para lograr un desarrollo regional equilibrado y alcanzar la cohesión social. Para ayudar a corregir esas desigualdades “pueden y deben utilizarse” los fondos estructurales europeos.

SE OBSERVA UNA FRACTURA ENTRE EL NORTE Y EL SUR

El mayor número de personas poco cualificadas que, como máximo, han cursado el primer ciclo de educación secundaria se encuentra  en regiones del sur de Europa, especialmente en España y Portugal. Por el contrario, las regiones que presentan las tasas más altas de personas con una mayor cualificación viven en su mayoría en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. También hay diferencias regionales significativas en cuanto a participación de los adultos en el aprendizaje permanente.

¿PARA QUÉ SIRVEN ESTOS INFORMES?

El objetivo es colaborar con los responsables políticos en su esfuerzo por elaborar medidas eficaces que corrijan las desigualdades. En España, por ejemplo, Extremadura, Castilla-La Mancha y Melilla están entre las diez regiones europeas con un mayor porcentaje de población que solo tiene estudios básicos, las superan cuatro regiones portuguesas y una de Malta. Los mejores datos los da Madrid, donde el 44,2 % de los mayores de 15 años tienen únicamente estudios inferiores. En la lista de mayor porcentaje de población con estudios superiores hay otra región española, el País Vasco, solo superado por Londres, Brabante y Estocolmo.
Aunque los países más ricos presentan mejores resultados, las disparidades regionales son también grandes en Francia y el Reino Unido donde, igual que en España, las regiones del Norte tienen más titulados superiores y menos población con estudios básicos.

LAS DIFERENCIAS TAMBIÉN ESTÁN EN EL COSTE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS AYUDAS DE ESTUDIOS

Otro informe elaborado por la red Eurydice señala que el  coste de la educación superior en Europa es muy variable, oscila desde los 11.500 euros por año académico de matrícula en Inglaterra a la práctica gratuidad en Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Malta, Noruega, Escocia o Suecia. Además en estos últimos países es donde las ayudas para estudios son más generosas. A partir de este primer informe el estudio sobre las tasas de matrículas y las ayudas de estudios se hará cada año para conocer los cambios. De esta forma será posible comparar el coste de la educación en diferentes países y así los estudiantes podrán elegir el lugar en el que les convenga más cursar sus estudios.

ELEVAR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA

La Comisión Europea quiere garantizar a todos los estudiantes, independientemente del lugar en el que vivan o estudien en Europa, una enseñanza de calidad, “una condición previa para la innovación, la creación de empleo y el crecimiento”. En ese sentido El Proceso de Bolonia facilita a los jóvenes que puedan estudiar en el extranjero y obtener el reconocimiento de sus cualificaciones en toda Europa. El sistema de clasificación de universidades, que debe publicarse por primera vez en 2013, facilitará igualmente las comparaciones entre universidades para que los estudiantes dispongan de más elementos de juicio a la hora de elegir su lugar de estudio. También permitirá a la Comisión hacer un seguimiento de las mismas en una serie de ámbitos, que serán la base para la nueva clasificación: la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, la investigación, la transferencia de conocimientos, las estrategias internacionales de divulgación y el papel de las universidades en el desarrollo regional.
Todo esto forma parte de una amplia estrategia de la Comisión Europea para la creación de empleo y el crecimiento en Europa, en la que la educación juega un papel fundamental.





Wert está dispuesto a alcanzar un pacto de Estado por la Educación

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha mostrado dispuesto a alcanzar un pacto de Estado por la Educación tras la presentación de la reforma educativa el pasado viernes en Consejo de Ministros, según ha afirmado en respuesta al diputado regionalista de UPN, Carlos Salvador, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en el Congreso de los Diputados, informa Efe.
«Por mi parte no faltará la disposición a acometer tal pacto y el planteamiento de la reforma es susceptible a él», ha insistido el máximo responsable en materia de Educación.
Así, ha defendido que no se trata de una reforma que parta de presupuestos ideológicos excluyentes sino que, a su juicio, resuelve el «principal problema» de la tasa de abandono escolar temprano que, entre otros puntos, condena a una cuarta parte de los jóvenes a abordar su inserción laboral sin éxito.
Por su parte, Carlos Salvador ha tachado la situación de la Educación en España de «drama», por culpa de políticas de Educación que, en su opinión, están equivocadas y que están pagando «los hijos de ahora».
«Aunque sea el séptimo intento espero que sea el definitivo que consiga revertir las cifras de fracaso escolar y para ello hay que llegar a un pacto de Estado sí o sí. Celebro el anuncio de la reforma y estoy seguro de que mi partido aportará soluciones para Navarra trasladando las propuestas docentes», ha defendido.

«Abrir oportunidades, no segregación»

En otra pregunta parlamentaria, la responsable del PP en Educación, Sandra Moneo, ha puesto de relieve los malos resultados registrados en el informe PISA, para resaltar que lo que falla en España es el modelo educativo que ha imperado en los últimos 20 años y que, a su juicio, expulsa a un tercio de los jóvenes sin ayudarles y ofrecerles una alternativa.
En este sentido, Wert ha apostado por mejorar el rendimiento general del sistema educativo, a través de una cultura sistemática y homogénea de la evaluación.
Igualmente, ha manifestado que desde Europa se está alertando a España de que no puede haber tanta diferencia entre las 17 comunidades autónomas, por ello aboga por una flexibilización de itinerarios que permita que los diferentes talentos encuentren cada uno «un cauce» en el momento anterior a aquel en el que se desinteresan en el modelo educativo.
«Se trata de abrir oportunidades, y no de segregación, inequidad e injusticia, que es lo que tenemos ahora en una cuarta de la parte de los jóvenes», ha defendido




¿Qué falla en el actual sistema educativo español?

El sistema educativo español es "mediocre"; nuestro país se encuentra en un nivel de rendimiento educativo "inferior al que le corresponde" dadas sus condicionantes sociodemográficas. La primera es una afirmación de esta misma semana del ministro del ramo, José Ignacio Wert; la segunda pertenece al informe Educación en España, motivos para la esperanza publicado en enero de 2012 por la consultora McKinsey & Company.
Mientras la Unión Europea alerta de la creciente brecha educativa entre el norte y el sur de Europa, la OCDE pone el foco en los recortes y en jóvenes que ni estudian ni trabajan -el 23,7% entre los 15 y los 29 años- y el último informe PISA sentencia que el rendimiento de los escolares españoles se mantiene por debajo de la media de la OCDE, el Gobierno de Mariano Rajoy cocina la séptima reforma educativa de la democracia.
De momento, el Consejo de Ministros ha tratado este viernes un primer texto articulado de la futura ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Ahora "habrá dos o tres meses de conversaciones" con los agentes educativos, las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado, según han explicado fuentes del Ministerio a 20minutos.es, antes de que podamos atisbar un proyecto de ley hecho y derecho.  
Prácticamente todos los colectivos involucrados coinciden en que es necesaria una reforma, pero se han encargado de señalar -también en la calle- problemas urgentes como los recortes, que implican una mengua del cuerpo docente, el aumento de la ratio de alumnos, de las horas lectivas, la subida del IVA, la falta de formación, etc. La Administración, por su parte, se centra en el fin: los resultados son malos, y eso debe cambiar.
El pasado 22 de mayo se produjo la primera huelga estatal en la educación en diez años; el consenso deseado por todos, por lo tanto, está lejos de alcanzarse en un aspecto clave para el futuro de las nuevas generaciones de españoles. Analizamos con la ayuda de representantes del sector las carencias y los fallos de nuestro sistema educativo en la educación básica no universitaria.

Planes educativos: cambios constantes

La que prepara el Gobierno será la octava modificación en 42 años de los planes educativos españoles. La normativa vigente es la Ley Orgánica de la Educación (LOE), que entró en vigor en mayo de 2006, derogó la LOGSE, la LOPEG y la LOCE (que no llegó a aplicarse) y convive con la LODE de 1985; supuso un gasto adicional de 7.033 millones de euros. Los cambios constantes, por tanto, son la tónica habitual de nuestro sistema.
La LOE incluyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía -que será eliminada ahora por la nueva ley- y permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos como máximo. Además, dicta que las enseñanzas comunes para todas las comunidades -las que regula el Gobierno- deben estar entre el 55% y el 65% dependiendo de si hay una lengua cooficial o no.
En el anteproyecto de ley del Gobierno de Rajoy se pretende reforzar los porcentajes de esas asignaturas básicas -lengua, matemáticas, ciencias-, reducir optativas y vías formativas e implantar evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no universitaria. Esas pruebas serán obligatorias para poder obtener el título de graduado en secundaria obligatoria (ESO) y de bachiller.
Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", según CEAPA
Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA, opina que habría que actuar antes. "El fracaso escolar cristaliza en secundaria, pero se está fraguando antes, en primaria y en infantil", explica. Cree que es en estas etapas cuando "se deben de asentar las bases para un futuro éxito escolar", yendo más allá de "la plastilina". Los ciclos entre 0 y 6 años "tienen un marcado carácter educativo", añade.
Asimismo, cree que que la reforma "tiene un gran calado ideológico" y que ofrece "poca estabilidad a un sistema bastante tocado". Por ejemplo, en el tema de las evaluaciones. "Se pone en una situación difícil al profesorado", dice, argumentando que una prueba externa puede cuestionar la labor de los docentes y dejarles "en mal lugar", sobre todo si un alumno con un buen rendimiento se queda sin título por hacer mal el exámen.
Por su parte, Nicolás Fernández, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, explica que el modelo educativo aprobado en la LOGSE, con los cambios establecidos en la LOE, "es el modelo de la educación comprensiva", y que existe una necesidad patente de cambiar "hacia parámetros de calidad, del valor del aprendizaje, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia", etc.
En las cuestiones básicas, asegura, "podemos estar de acuerdo (con el Ministerio)", pero la coyuntura actual es preocupante. "Lo primero que sería necesario es un acuerdo de mínimos", dice, augurando que "cuando haya otro cambio de Gobierno volveremos a desandar lo andado".
ANPE apuesta por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores"
¿Qué tiene que pasar en el sistema educativo? Que haya "cambios profundos, desde la primaria al bachillerato: la flexibilización de la enseñanza secundaria, la apuesta por la evaluación, la recuperación del tronco de las humanidades, la potenciación de la enseñanza en inglés, etc.", explica. Y apuesta sobre todo por la "recuperación temprana" con programas de refuerzo, "y eso no se hace eliminando profesores".
Desde el Ministerio ponen el foco en los resultados. "La tasa de abandono escolar en España es del 26,5%, el doble que la media europea", explican fuentes del departamento de Wert, añadiendo que "se pasa de curso sin tener los conocimientos básicos adquiridos". "Hay que empezar desde el principio", dicen, apuntando que aunque el gasto público en educación casi se duplicó entre 2000 y 2011 "los resultados no se están viendo".
Más datos: "El 24% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, los titulados en educación secundaria entre los 25-34 años son el 65%, frente al 82% de la OCDE, y la población entre 20 y 24 años que completa la enseñanza secundaria superior crece en toda Europa menos en España", por no hablar del paro juvenil, que supera ya el 50%. "La reforma educativa viene marcada por todo eso", explican, "hay una acumulación de problemas".  
Por último, el informe de McKinsey & Company concluye que habría que actuar en tres grandes áreas: "transparencia en las métricas de rendimiento educativo, profesionalización de la docencia y autonomía del centro".

Educación transferida: CC AA

El ministro Wert quiere evitar con su reforma que haya "17 sistemas educativos distintos"en España, en referencia a las comunidades autónomas.
El modelo es descentralizado: desde 1981 hasta 2000, las autonomías han asumido las funciones, servicios y recursos tanto en materia de educación no universitaria como universitaria. De esta forma, las competencias quedan distribuidas entre el Estado -que se encarga de garantizar la igualdad de condiciones y la homogeneidad-, las CC AA, las administraciones locales y los centros.
Las regiones se ocupan de desarrollar las normas estatales y de regular aspectos no básicos del sistema, así como de la gestión territorial, sin interferir con el Estado. Y regulan entre el 35% y el 45%  de las enseñanzas que se imparten. Para Fernández, de ANPE, falta "cohesión" y liderazgo del Ministerio en este sentido, ya que se aprecian "grandes dificultades" entre unas comunidades y otras.
El informe Educación y Desarrollo. Pisa 2009 y el sistema educativo español, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA, expone que los resultados educativos entre comunidades registran diferencias tan grandes como las que se dan entre países de la OCDE; estas diferencias en el rendimiento pueden equivaler hasta a un año y medio de escolarización.
La OCDE asegura que no hay una relación directa entre tener más renta y tener más educación
Castilla y León, Madrid y La Rioja tienen los mejores resultados; por contra, Ceuta y Melilla, Canarias, Baleares y Andalucía tienen los peores. El informe dice, además, que no hay una relación directa entre tener más renta y tener más educación: todas las comunidades están por debajo de la media de la OCDE en términos de calidad, aunque algunas obtienen buenos resultados en rendimiento (Castilla y León, Madrid, Cataluña y La Rioja) y de equidad (País Vasco, Galicia y Cataluña).
Las comunidades autónomas se ocupan, por ejemplo y entre otras cosas, de establecer la duración de la jornada laboral de los docentes -de ahí las diferencias entre regiones, según este estudio comparativo de FETE-UGT- y también la ratio de alumnos, a partir de los mínimos o máximos decretados por el Gobierno, explican a 20minutos.es las fuentes del Ministerio.
Partidos como UPyD se han posicionado a favor de una devolución de las competencias a Estado, ya que los distintos sistemas "han costado un dineral y no han servido de nada", segúnRosa Díez; por su parte, CiU ha advertido contra cualquier invasión competencial curricular y asegura que sería "inaceptable" una "recentralización", así como que el Estado se reservara el "control" de las evaluaciones al final de cada etapa educativa.

Centros: más autonomía

En 16 de 36 países de la OCDE, la autoridad sobre la creación y el cierre de las escuelas está en manos de las autoridades locales, pero España es uno de los 14 países en los que se toma esta decisión en el ámbito estatal o central, según el último informe de este organismo. España está a la cola de la OCDE en términos de autonomía curricular y contratación de profesores, según McKinsey & Company.
Es solo uno de los aspectos relacionados con la autonomía de los centros escolares que preocupan a varios colectivos. Nicolás Fernández, de ANPE, apuesta claramente por desarrollar esta autonomía -que contempla la reforma del Gobierno, según el ministro Wert- aunque, insiste, "si no hay medios no se puede".
El estudio de McKinsey menciona a Canadá, donde sus centros con "buen rendimiento educativo" tienen mayor libertad para gestionar presupuestos, contratar docentes y diseñar "programas de formación internos"; a cambio, explica, se les evalúa constantemente y, si no cumplen unos parámetros, ven reducida su autonomía hasta que "sus resultados les vuelvan a hacer merecedores de la misma".
CEAPA cree que los consejos escolares deberían "tener funciones reales de control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, tal y como establece la Constitución" y que "la ley debía de fijar la paridad de madres y padres y de alumnado y profesorado en el consejo escolar, algo que en la actualidad no se da".
Por otra parte, la polémica de los centros que separan a los alumnos por sexos continúa abierta, ya que el anteproyecto de ley del Gobierno da oficialmente la posibilidad a las Administraciones de realizar conciertos con ellos, "siempre que cumplan los requisitos de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza". El Tribunal Supremo falló recientemente contra esos conciertos en Andalucía y Cantabria.

Alumnos: fracaso escolar

El fracaso escolar es la piedra en el zapato de los Gobiernos. Su coste supone hasta un 60% del gasto directo del sector público en el sistema educativo y reduce entre 2 y 4,5 puntos porcentuales la rentabilidad privada de la educación no obligatoria —secundaria y grado universitario—, según un informe del Observatorio sobre Capital Humano en España de BBVA Research.  
Con la tasa de escolarización no tenemos problemas, ya que la enseñanza primaria y la primera etapa de secundaria son obligatorias en España, así que, según la OCDE, "tienen tasas de escolarización casi universales". Asimismo, todos los niños y niñas de tres años de edad en España están escolarizados, la mayoría de ellos en instituciones públicas. Cuando hay niveles altos de paro, además,sube la escolarización en adultos.
Eso sí, las horas de clase obligatoria de los alumnos de primaria y secundaria en casi todas las edades es superior a los promedios internacionales, según datos de 2010 que maneja este organismo.
En el curso 2011-2012 había el 7.914.243 alumnos en Enseñanzas de Régimen General no universitarias, 132.061 más (1,7%) que el curso anterior. El 68,2% del alumnado se matriculó en centros públicos, un 2,2% más que el curso anterior.
El curso pasado, 68,2% del alumnado se matriculó en centros públicos, un 2,2% más que el curso anterior
En cuanto a la ratio de alumnos por profesor, es inferior a la media de la OCDE en todos los niveles, según los últimos datos de este organismo. Fernández (ANPE) aclara que esto era así hasta la aprobación "del famoso decreto" del mes de abril de medidas urgentes en materia educativa, en el que se estableció un aumento del 20% del margen legal de estudiantes por aula: en primaria se pasó de 27 a 30 y en secundaria obligatoria de 30 a 36.
Según el informe Las cifras de la educación en España. Curso 2009-2010, publicado en 2012, el número medio de alumnos por profesor es de 9,2 en educación infantil; 12,1 en centros de educación primaria; y 12,9 en educación primaria y ESO. En total, 11,3 alumnos de media, siendo la de los centros públicos de 10,4. Fuentes del Ministerio explican que el Gobierno "no sube las ratios" porque no tiene potestad, solo dan esa "posibilidad"a las autonomías que actúan en función "de su déficit".
Por otro lado, Jesús María Sánchez (CEAPA) cree que es necesario hacer una mención especial en este apartado a "la atención a la diversidad como principio básico" del sistema. "Se debe de reconocer el derecho a todo el alumnado a recibir una educación lo más individualizada posible y ajustada a unas circunstancias personales y sociales"; "Nada hay más injusto que dar a todos lo mismo", explica.
La OCDE cree que España podría mejorar en 16 puntos sus resultados en PISA si el sistema escolar nacional incluyera pruebas externas estandarizadas para todos los alumnos, tal y como pretende el Gobierno.

Profesores: condiciones, formación

En el curso 2009-2010 había 633.786 profesores en centros públicos en España (198.561 en centros privados), según datos del Ministerio. En el total de centros públicos de régimen general, no universitarios, había 491.329 docentes. Según una estadística provisional publicada por el Ministerio el pasado mes de agosto, el curso pasado hubo 2.870 docentes menos en escuelas públicas que el año anterior, un 0,6% menos.
El número de alumnos sube y el de profesores baja. Además, los sindicatos estimaron tras los recortes de abril que entre 60.000 100.000 profesores interinos iban a ser despedidos; el PSOE manejaba la cifra de 40.000 en la enseñanza pública. Asimismo, el Gobierno estableció que no se cubrirían las bajas inferiores a diez días y en algunas comunidades se han congelado la oposiciones al cuerpo docente.
Los maestros de escuelas primarias deben enseñar 880 horas por año, 100 horas más que la media de la OCDE
Los maestros de escuelas primarias deben enseñar 880 horas por año, 100 horas más que la media de la OCDE, aunque están repartidas menos días: los maestros de primaria en España enseñan una media de cinco horas al día, en comparación con el promedio de la OCDE, que es de 4,2 horas. El decreto de abril eliminó el límite máximo de horas semanales de clase de los docentes: ahora el mínimo es de 25 horas en primaria y de 20 en secundaria.
La semana de trabajo para los profesores tendrá 37,5 horas, aunque hay diferencias entre comunidades autónomas. El aumento de horas lectivas, según Fernández (ANPE), influirá de hecho en las adaptaciones curriculares.
Para Sánchez (CEAPA) "la profesión del profesorado es importantísima" y en su formación debería tener más peso la "psicopedagogía". Debería ocurrir, apunta, "lo mismo que en el modelo finlandés, el sistema educativo y la sociedad deberían reconocer la labor fundamental de los maestros, que tendrían que tener una formación más adecuada a los tiempos que corren".
"Es sabido que tenemos maestros del siglo XIX, con metodología del XX enseñando a niños del siglo XXI", explica. La partida dedicada a la formación permanente del profesorado se redujo en los PGE para este año de 52 millones a 4 (-91%).
El Ministerio, sin dar fechas, insiste en que trabaja en un estatuto del docente, al que hay que "incentivar" de alguna manera para hacerle más "atractiva" su profesión. Se trata, no obstante -aclaran-, de un anteproyecto diferente al de la reforma educativa que seguirá su cauce. La situación del profesorado, explican desde ANPE, "es la asignatura pendiente de las últimas reformas educativas".

Financiación: recortes, IVA, tasas

El Gobierno prevé reducir el gasto público en educación más de un 20% -unos 10.000 millones de euros- hasta que alcance el 3,9% del PIB en 2015. Esto, según ANPE, "hace inviable la verdadera reforma que necesita el sistema educativo. Porque si en las épocas de bonanza nos alejamos un punto del PIB, ahora nos vamos a alejar más", explica su presidente, Nicolás Fernández.
Fernández cree que el Ministerio "cree que gastando menos se puede obtener mejores resultados". Este año, el Ejecutivo ha instado a las comunidades autónomas a ahorrar 3.000 millones de euros, que se suman a los 623,3 millones (-21,9%) de euros de recorte en los Presupuestos Generales de 2012 en políticas educativas, hasta los 2.200,19 millones de euros. En Educación Infantil y Primaria el presupuesto baja un 36,5% respecto a 2011.
El gasto público en educación bajó en 2010 por primera vez en 17 años
En los dos últimos años ha habido otros 3.400 millones en recortes, según la Plataforma por la Enseñanza Pública. Según datos del Ministerio, el gasto público en educación bajó en 2010 por primera vez en 17 años. De hecho, la OCDE dice en su último informe, con datos de 2009, que España destina 10.094 dólares al año de gasto público por cada alumno en la educación pública, un 21% más que la media de la OCDE y la UE.
No solo hablamos de la enseñanza pública. Los principales sindicatos y organizaciones de centros educativos privados concertados aseguran estar al borde de la "quiebra técnica"debido a los recortes y al retraso de las administraciones en el pago.  Y dicen que las bajadas salariales acumuladas a los profesores desde 2010 llegan al 20%.
Para el ministro José Ignacio Wert, el recorte no ha sido tanto, ya que el gasto educativo en los PGE experimenta un recorte de "apenas el 14%" respecto a los presupuestos ejecutados en 2011 y que, teniendo en cuenta que la mayor parte de las partidas educativas dependen de las comunidades autónomas, "la disminución del gasto consignado en los Presupuestos representa el 0,6% del gasto educativo total".
Va a haber un tercio de familias que van a tener dificultad a la hora de adquirirlo, incluidos los libros de texto
Por otra parte, la subida del IVA ha afectado al material escolar, que ahora se grava con un 21% mientras que antes se hacía con un 4%. Sánchez (CEAPA) dice que este año las familias han tenido que gastar de media "entre 12 y 14 euros aproximadamente en la adquisición del material" y que "va a haber un tercio de familias que van a tener dificultad a la hora de adquirirlo, incluidos los libros de texto".
"El presidente de ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza) ya está hablando de que los recortes en ayudas a la adquisición de libros de texto va a estar en torno al 75%. Si tenemos en cuenta el número de parados que hay en este país y el número parados que cobran los 400 euros, difícilmente van a poder adquirirlos", concluye.
Por último, la subida de tasas y el comedor. Por una parte, según denunciaron en julio varias organizaciones, solo en la Comunidad de Madrid una de cada tres familias que habían solicitado plaza en las escuelas infantiles y casas de niños decidió renunciar por la subida de hasta el 175% de las tasas; por otra, según CEAPA y CONCAPA, la mayoría de las CCAA ha endurecido los requisitos para acceder a una beca de comedor, por lo que muchas familias se han quedado sin esta ayuda.

Familias: comunicación

Son el otro pilar del sistema educativo. Jesús María Sánchez (CEAPA) cree que a pesar de los "malos tiempos que corren", se deberían fomentar desde las administraciones "los cauces de participación de los padres y el alumnado en los centros escolares, en especial su derecho a la asociación". Además, opina que deberían poder "intervenir en el proceso de control y de gestión de los centros".
La comunicación entre centros y familias también debería preservarse, "la relación entre familia y escuela debe darse porque es beneficiosa", añade, rechazando el tópico de que las familias delegan a veces sus tareas educativas en la figura del profesor: "En el colegio no se deben de enseñar solo conceptos, también se educa; y las familias educamos, pero también trabajamos conceptos de alguna manera. Todos nos complementamos".
Sobre las familias, además, recaen las ya mencionadas subidas de tasas, del IVA y otros tantos factores; la OCU calcula que el inicio del curso les está costando una media de 640 euros por niño: 510 euros en los colegios públicos y 917 euros en los privados concertados. El ministro Wert, por su parte, ha acusado a la oposición de "crear angustia" en las familias por insistir tanto en la falta de recursos y recortes

jueves, 8 de septiembre de 2011

Las movilizaciones del profesorado marcan la vuelta al colegio

04.09.11 - 14:19 -
EUROPA PRESS | MADRID
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Sindicatos, asociaciones de padres y el ministro Gabilondo coinciden en que los recortes perjudican a la calidad de la educación
Las protestas vienen porque las medidas tomadas repercuten negativamente en el ámbito laboral por la pérdida de "miles" de empleos de los interinos
En el ámbito académico las quejas vienen porque el profesorado, al tener que dar dos horas más, deja de hacer funciones de tutoría o atención a los padres
Las movilizaciones del profesorado marcan la vuelta al colegio
Niños en su primer día de clase en un colegio. / Archivo
Gabilondo, preocupado
El ministro de Educación, Angel Gabilondo, también ha reconocido esta semana que le "preocupa" que los recortes presupuestarios y los planes de austeridad de algunas autonomías afecten al sistema de enseñanza y ha insistido que tanto la educación como las políticas sociales "son una prioridad".
Sobre el aumento de horas lectivas, ha avisado de que también le "preocupa" que la labor del docente se entienda únicamente como la impartición de clases. "Respeto el autogobierno y las decisiones que se adopten", ha señalado el ministro, para añadir que "reducir tutorías y la atención individualizada del alumno resta calidad a la educación".
La vuelta a las clases para los escolares españoles estará marcada por las movilizaciones y convocatorias de huelga del profesorado en varias comunidades autónomas contra los recortes de los presupuestos en educación para este curso, que incluyen el aumento de las horas lectivas del personal docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria y la consecuente reducción del número de interinos.
Concretamente, los sindicatos docentes han propuesto en la Comunidad de Madrid una huelga para el 14 de septiembre, aunque volverán a reunirse el día 8 para fijarla, y los de Galicia para los días 21 y 27, además de una manifestación el 9 de septiembre en Santiago de Compostela. Además, no descartan que también se convoquen paros y protestas similares en Navarra, que, aunque ya se produjeron este verano, los sindicatos están a la espera de la reunión de la asamblea el próximo 6 de septiembre para decidir si continúan con las movilizaciones.
En Castilla La Mancha todavía no se han anunciado manifestaciones y huelgas, aunque los sindicatos no las descartan, después de que la presidenta de esta comunidad, María Dolores de Cospedal, se sumara el pasado miércoles a la iniciativa de aumentar las horas lectivas de los docentes como Galicia, Navarra y Madrid.
El aumento lectivo en Navarra será de una hora semanal en Secundaria (de 17 a 18 horas), mientras que en Madrid será de dos horas (de 18 a 20), al igual que en Castilla La Mancha y Galicia, aunque estas últimas también han planteado incrementarlo en Infantil y Primaria dos horas (de 23 a 25 horas) y cuatro horas (de 21 a 25), respectivamente.

Pérdidas de empleo
Según las federaciones de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) y CC.OO (FE-CC.OO) este asunto repercute negativamente en el ámbito laboral por la pérdida de "miles" de empleos de los docentes interinos y en el ámbito académico porque el profesorado, al tener que dar dos horas más, deja de hacer funciones de tutoría o atención a los padres. "Suprimir aulas, reducir servicios educativos, aumentar alumnos por aula y horas del profesorado, amortizar puestos de trabajo hará reducir el gasto, y desde el punto de vista contable será meritorio, pero las consecuencias en educación serán nefastas y contrarias a reducir el fracaso escolar", aseveran desde FETE-UGT.
Desde FE-CC.OO aseguran que estas decisiones autonómicas "son el mayor error" en el que puede incurrir una administración y alertan de que estos recortes "hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación".
También desde CSIF afirman que el resto de comunidades no se han quedado al margen de los recortes, sino que estos han sido "menos mediáticos". En este sentido, advierten de que se traducen en recortes en los programas de apoyo educativo, aumento de ratios, supresión del programa reducción de jornada para mayores de 55 años, entre otros. Según los cálculos de este sindicato, los cambios en Madrid afectará a 3.000 profesores interinos que se van a dejar de contratar, a los que suma 2.500 personas que se dejaron de contratar el curso pasado por los recortes de entonces. Para Castilla La Mancha calculan que alrededor de entre 300 y 500 personas se quedarán sin empleo, a pesar de tener una plaza adjudicada, y en Navarra más de 300.
Los padres, contra los recortes
Los representantes de las principales confederaciones de padres de alumnos no se han quedado al margen de la polémica y se han mostrado "muy preocupadas" por los recortes que algunas comunidades autónomas han previsto para este curso porque, a su juicio, van en detrimento de la enseñanza y generan incertidumbre.
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que si se reduce el número de profesores, los alumnos con necesidades especiales perderán los recursos de apoyo, algo que, a su entender, va en contra de la finalidad de la escuela pública como "compensadora de desigualdades".
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), Luis Carbonel, ha afirmado que recortar en educación es "un error importante", sobre todo, en un país que, según ha recordado, está "a la cola de Europa" en esta materia. "Se agravará el lamentable estado del fracaso escolar en España", ha aseverado.
Ambas confederaciones proponen a las comunidades autónomas sus propias fórmulas de ahorro de presupuesto. Ceapa plantea la eliminación del horario lectivo de la asignatura de Religión y Concapa la de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los dos coinciden en que su propuesta supondría un ahorro en horas y sueldos del profesorado.

De la Chica presume de ser la única comunidad donde crece el número de profesores


El 96% del alumnado andaluz de primaria y secundaria cursará sus estudios en centros financiados con fondos públicos
08.09.11 - 01:26 -
M. D. T. | SEVILLA.

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EL CURSO EN CIFRAS
Alumnos. 1.846.586 matriculados. De los cuales 1.454.982 estudian en colegios públicos, 330.265 en concertados y 61.339 en privados.
Plantilla docente. 120.098 profesores y maestros, de los que 98.168 son funcionarios, 198 más que el curso anterior.
Centros. 6.491 centros educativos, 4.482 son de titularidad de la Junta y el resto son colegios privados.
El nuevo curso escolar andaluz contará con cerca de dos millones de alumnos (1.846.586), de los cuales un 96% cursará sus estudios en centros financiados con fondos públicos, 330.265 de los alumnos en colegios concertados. A partir del lunes, abrirán 6.491 centros educativos con una plantilla docente integrada por 120.098 maestros y profesores, de los cuales 98.168 son funcionarios.
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, presumió ayer en la presentación de las grandes cifras del nuevo curso que Andalucía es la única comunidad en la que crece el número de docentes funcionarios, en alusión vedada al conflicto que el colectivo de enseñantes públicos mantiene en la Comunidad de Madrid, donde se les exige dos horas lectivas más.
De la Chica dijo que habrá 198 profesores más de los que hubo el pasado año. Este incremento se debe a la oferta de 3.796 plazas de empleo público del pasado mes de junio. Casi todos los que aprobaron ocuparán vacantes, salvo 198, que irán a destinos de nueva creación.
El incremento en sí es pequeño respecto al de cursos anteriores (1.680 en 2010) y al que estaba previsto que hubiera este según los Presupuestos: 680 nuevos maestros. El consejero de Educación explicó que la previsión siempre se hace al alza para que no haya problemas legales si se crean más plazas de las presupuestadas.
Según el consejero, en todos los centros docentes públicos y concertados hay vacantes para alumnos, salvo en ocho. Educación Infantil (0-3 años) es la que más crece en número de alumnos, con 13.268 escolares más. Por contra, se mantiene la tendencia a la baja del alumnado de Secundaria Obligatoria, donde se han matriculado 4.371 estudiantes menos respecto al curso anterior.
Entre las novedades, el consejero subrayó que pese a la crisis la Junta mantendrá las ayudas a las familias, como la beca 6.000 para que alumnos con pocos recursos no dejen los estudios y la gratuidad de libros a 900.000 alumnos. A esta ayuda se incorpora la beca de 400 euros para que 3.000 jóvenes parados con cargas familiares vuelvan a estudiar.
Un total de 158 institutos de ESO han solicitado hacer uso del libro digital, un proyecto ya experimentado en 82 centros el pasado año.

Bases para un pacto educativo de Estado

09.04.08 -
MANUEL FERNÁNDEZ CRUZ
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LA sociedad española ha manifestado reiteradamente la necesidad de consensuar la política educativa mediante la firma de un Pacto Educativo de Estado que comprometa a los sucesivos gobiernos a asegurar la estabilidad necesaria del Sistema Educativo. No sólo los partidos políticos, sino que también las asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones empresariales, otros colectivos docentes y expertos nacionales e internacionales también han reclamado un amplio consenso en materia educativa para España. Y en esta nueva legislatura, que ahora comienza, parecen darse las condiciones para alcanzar ese gran consenso en materia educativa que reclamamos.

Desde mi perspectiva, el consenso, deberá realizarse en torno a los siguientes asuntos clave de la política educativa: estabilidad normativa; aumento del gasto; mejora del rendimiento, cohesión territorial, garantía de calidad y equidad, dignificación de la función docente y apoyo social a la escuela.

El Sistema Educativo Español precisa de una estabilidad normativa que alcance otras cuatro legislaturas sin cambios en las Leyes Orgánicas de garantía del derecho a la educación (LODE) y de ordenación general del Sistema (LOE) Estas leyes deben permanecer en vigor para asegurar el marco normativo estable que la educación requiere para el logro de los fines generales propuestos en sus preámbulos y articulado. Los cambios que sean necesarios en la reglamentación que desarrolla ambas leyes para su adaptación a las nuevas necesidades que se planteen en el futuro, deberán ser necesariamente pactados.

Pese a haber aumentado en términos absolutos en la última década, el gasto educativo en España ha descendido en relación al Producto Interior Bruto, alejándose de la media de la OCDE y de la UE, de manera que, en la actualidad, no se corresponde con el nivel de riqueza relativa de que goza nuestro país. España debe alcanzar en dos legislaturas el nivel de 6% del PIB en gasto educativo. Este incremento debe asegurar la gratuidad total de la educación de 0 a 18 años.

España debe comprometerse en el plazo tres legislaturas a: situar en la media de la OCDE sus resultados en las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar (informes PISA y similares) con planes específicos de mejora de la enseñanza de las materias instrumentales (lenguas y matemáticas) y del área científico-tecnológica en educación primaria y secundaria obligatoria; elevar al 70% el nivel de población que cursa estudios post-obligatorios (que sería el 80% entre menores de 34 años); e incrementar el porcentaje de estudiantes que siguen estudios de formación profesional (que ahora son un 36% del total que continúan estudios postobligatorios) hasta alcanzar la media de la UE (55%).

El Sistema Educativo debe ser garantía de la cohesión territorial del Estado de tal manera que asegure la movilidad geográfica y la igualdad efectiva de oportunidades a todos los españoles, ciudadanos europeos y de terceros países con independencia del lugar en que fijen su residencia. Las enseñanzas mínimas ofrecidas por los centros escolares de todo el estado deben garantizar movilidad y cohesión. Al Estado le corresponde, además, realizar una política de compensación de medios y recursos en las zonas más necesitadas y la garantía progresiva de desarrollo de las oportunidades educativas en áreas rurales mediante planes específicos de apoyo a la escuela rural y acercamiento de recursos formativos al hogar del ciudadano. Será necesario, además, un Pacto Local para la implicación de los municipios en la mejora de la educación con la atribución de nuevas responsabilidades en la oferta de actividades educativas complementarias en los recintos escolares durante todo el año.

La calidad y equidad del Sistema Educativo no han de ser finalidades alternativas sino complementarias. No hay calidad en un sistema que no es equitativo, ni equidad deseable que renuncie a la mayor calidad. La Educación primaria y, especialmente, la Educación Secundaria Obligatoria deberán dotarse de la flexibilidad organizativa necesaria y los recursos y personal suficiente para facilitar a todos los alumnos el logro de las competencias que garantizan la consecución del capital cultural, social y humano que como ciudadanos les corresponde y que la UE ha centrado en ocho competencias clave. El Sistema Educativo debe atender con recursos materiales y humanos específicos a los alumnos que pertenecen a grupos de alto riesgo de exclusión social. Las tasas de abandono y fracaso escolar deben disminuir hasta igualarse en el plazo de doce años a la media de la UE.

La dignificación de la función docente permitirá atraer a la profesión en la próxima década a jóvenes que presenten el perfil profesional más deseable. Habrá de reformarse el sistema de acceso a la función pública docente de manera que garantice la selección de quiénes mejores competencias profesionales hayan alcanzado durante su formación inicial. Para hacer más atractiva la función docente es necesario garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido en los últimos diez años con subidas superiores al incremento del IPC y cláusulas de revisión salarial; la formación específica e inclusión de incentivos económicos para el desarrollo de la función tutorial; y el fortalecimiento de atribuciones disciplinarias y apoyo jurídico al profesorado. Además, la dotación de plantillas en los centros en función de las necesidades reales de atención a la diversidad y el cubrimiento efectivo de bajas por enfermedad, debe comprometerse para asegurar un clima adecuado de trabajo docente.

Las administraciones educativas han de extender y generalizar la cultura de evaluación y mejora del Sistema Educativo en su conjunto, de los centros y del profesorado. La rendición de cuentas es la base para la extensión del Pacto Educativo de Estado a la sociedad entera, sus instituciones, los agentes económicos y sociales y los medios de comunicación. Se debe buscar la coordinación de esfuerzos para la integración de la educación formal, no formal e informal en los fines generales que pretende un Pacto Educativo y la complicidad en la mejora de la proyección social de la educación, de la escuela y del profesorado. Volver a ganar, en definitiva, el apoyo social a la escuela sin el cuál la mejor educación no es posible.